EL “COGOBIERNO” DEL BANCO MUNDIAL
Con una expresión concreta que el politólogo James Petras califica de “cogobierno” se califica a la relación entre el BM/FMI y los países de la periferia caracterizada por la convergencia con acuerdos subordinados. A partir del “modus operandi” de este organismo internacional se puede hacer una revisión crítica de su papel en el diseño y en la implementación de una política que induce a la desnacionalización de los activos estratégicos de México y a las consecuentes secuelas sociopolíticas y estratégico militares.
Para hacerlo, debemos tener como bases estas ideas[1]:
1. Las transacciones de la economía internacional ocurren en medio de un caldo de poder en el que es central la relación y simbiosis entre el Estado Central Capitalista (ECC, en este caso, Estados Unidos) y sus instrumentos de proyección hegemónica como el FMI y el Banco Mundial.
2. El ECC regula y protege a sus Corporaciones Multinacionales y, las subsidia de diversas maneras.
3. Las políticas (utilizando la formidable arma del Estado-nación) son las que definen el sentido y el comportamiento de los mercados.
4. El FMI y el BM fueron diseñados de forma tal que Washington pudiera dominar sus políticas e impulsar programas favorables a su aparato empresarial por la vía de sus mecanismos de votación y sus requisitos de membresía. Organismos “multilaterales” que fueron concebidos fundamentalmente como parte de un esquema mayor de la “Pax Americana”, para ejercer formas específicas de “bilateralismo selectivo”
La revisión de las operaciones del BM en México muestran la forma concreta en que han operado los principios imperialistas antes citados en nuestro país, especialmente a partir de los 80-90’s. Ahora ya en el siglo XXI, con el peligro añadido de la intención de proyectar las concesiones formalizadas en el TLCAN a través del ALCA al resto del continente.
En la acción del Banco Mundial respecto a la política económica de México se pueden distinguir dos periodos:
-Desde el lanzamiento del BM hasta mediados de los 70, y principios 80, con la retórica del esquema de desarrollo industrial por “sustitución de importaciones”.
-El segundo es el de la época neoliberal, el régimen económico implantado en los Estados capitalistas periféricos que, conocido como “Consenso de Washington”, en realidad se instaló a través de un régimen acreedor a ultranza como resultado de la negociación de la deuda derivada de la crisis de 1982.
En ambos periodos, las características económico- financieras de los proyectos respaldados con recursos del Banco Mundial indican un esfuerzo sistemático en la promoción del interés privado de los Estados del centro, especialmente de Estados Unidos.
Como sucede en la mayoría de los préstamos pre-privatización del BM, se les utiliza para modernizar los activos estratégicos intencionalmente bajo el principio de la privatización (y extranjerización) de ganancias, y la socialización (y nacionalización) de costos. El caso más paradigmático es el Préstamo 1205- ME, ejecutado por Banxico (Banco de México) como explican Saxe- Fernández y Delgado- Ramos.
El BM jugó un papel central en este esquema sui generis de sustitución de importaciones que prevaleció durante el periodo; papel sólo posible gracias a un Estado y una clase política que lo avala.
En el periodo que compete a este trabajo, el de la aplicación del modelo neoliberal:
“la instauración de un régimen dominado de manera abrumadora por los acreedores internacionales como resultado de las negociaciones de la crisis deudora de 1982, se ha expresado en un ataque frontal contra los pivotes del todavía frágil nacionalismo económico mexicano y en particular (…) en una sistemática e intensa campaña para inducir el traspaso a la iniciativa privada “nacional o extranjera”, del acceso, gestión y usufructo de activos estratégicos nacionales” (Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
La acción del periodo neoliberal, igualmente realizada por medio de empréstitos, se dirigió a la toma de los instrumentos de mando del Estado, colocando a los acreedores extranjeros como una especie de “co-gobierno” con creciente injerencia en campos domésticos que van desde la política comercial y de exportaciones a la minería, la biodiversidad, la “reestructuración” del sector energético, etc. En cada uno de estos rubros participó el Banco Mundial con préstamos, pero también con sus respectivas comisiones de evaluación, de control y de vigilancia.
Este proceso se trata de una extranjerización del proceso de toma de decisiones con profundas implicaciones negativas de orden económico, sociopolítico, constitucional, de soberanía y seguridad nacionales.
Para verlo con más claridad, hay que analizar la “condicionalidad cruzada, fundamental para medir los alcances de este cogobierno. Pues, como apuntan los mismos autores ha ocurrido:
“Un doble proceso de sinergias que ha sido un verdadero Caballo de Troya indispensable para implantar y entonces formalizar el NAFTA y ahora el ALCA: el cruce y fertilización recíproca entre la condicionalidad del FMI sobre los lineamientos macroeconómicos por un lado, y la condicionalidad del Grupo Banco Mundial aplicada a los diversos sectores o ramas de la economía por el otro” (Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
Un ejemplo de esto es la apertura comercial en el marco neoliberal llevada a cabo en las Presidencias de De la Madrid y Salinas de Gortari (con sus profundos impactos económicos y sociales), que se realizó dentro del “caldo de poder” generado por relaciones clientelares abiertamente “engrasadas” por medio de los préstamos del Banco Mundial, dirigidos al estímulo de las fracciones dentro de la estructura gubernamental favorable a la adopción de la agenda económica de los acreedores.
Préstamos que fueron hechos para la política comercial, hechos a “trenches”, por fases, en donde la entrega de la siguiente “trench” está condicionada por los resultado favorables que se obtengan (siempre según la consideración del BM) y que estaban destinados a impactar sobre la correlación de fuerzas y la dinámica interna del gobierno de De la Madrid, y que efectivamente sentaron las bases económico-políticas para recrudecer la relación entre dos economías profundamente desiguales, por la vía de un aperturismo comercial sin reciprocidad. Como muestra, si se comparaba el PIB entre los dos países, el estadounidense era 17 veces el mexicano. Si vamos a la riqueza acumulada, la de EUA está entre las 250 y 300 veces por encima de la de México).
Una asimetría de este orden de magnitud hacía inaceptables entablar negociaciones para un TLCAN, pero al impulso aperturista que se consolidó durante el sexenio de De la Madrid con los TPL (Trade Politic Loans) se agregaron a las vulnerabilidades de la cúpula política del salinismo, incluido el mismo padre del Presidente y su familia[2], por su involucramiento en operaciones de narcotráfico. Esta fue una oportunidad que no dudo en aprovechar el Presidente de los Estados Unidos, George Bush (senior). Podríamos preguntarnos entonces si literalmente la apertura de las negociaciones del TLCAN se produjo a cambio de una “narcoamnistía” que fue lo que hizo cambiar de postura al presidente Salinas.
Por medio de estas maniobras se formalizaron las abismales asimetrías, en las que el papel del Banco Mundial tuvo un claro elemento “preparador”.
Lo alarmante es que la intervención e incidencia del BM en México se amplió hasta incluir sectores estratégicos tradicional y constitucionalmente reservados al Estado.
Su presencia, por medio del poder que se deriva de la condicionalidad y la sinergia de sus préstamos fue determinante en la privatización de los ferrocarriles de México y en los esquemas de privatización de facto del sector petrolero, específicamente de la petroquímica. Su presencia a su vez es enorme en el manejo de los espacios geográfico- territoriales, fundamento de saqueo de recursos como lo son el agua y la biodiversidad, pero también del conocimiento del y fuerza de trabajo de la población ahí contenida, todo en favor de las corporaciones multinacionales de los Estados capitalistas centrales (principalmente Estados Unidos) cuyos intereses el BM promueve y subvenciona, como demuestran las investigaciones de Saxe- Fernández y Delgado- Ramos.
Si analizamos la intervención del Banco Mundial en países como México, se le ve fungiendo como un verdadero partido político de EUA, que opera interna y externamente sobre el gobierno mexicano para influir en el proceso de toma de decisiones e incidir en su correlato de fuerzas: un auténtico “cogobierno”.
Sin embargo, el cogobierno del GRUPO BM es asunto que permanece en gran medida fuera de la conciencia y de la discusión de la opinión pública nacional. Una población que difícilmente avalaría este esquema de corte imperial, un imperialismo cuya fuerza reside precisamente en su falta de detección y localización.
En esto han tenido relevancia la figura de los “country managers” que el BM ha venido formando y operando y que no solo actúan, sino que también velan por los intereses empresariales y geoestratégicos del Norte.
Aunque las consecuencias expoliadoras y desnacionalizadotas del BM y sus country managers no se han limitado a un ámbito en particular; son totalizadoras. Veamos con más detenimiento un caso específico e importante, el de los hidrocarburos.
El petróleo
Ciertamente, la meta de privatizar y extranjerizar a la industria petrolera mexicana junto con la eliminación del concepto constitucional del dominio directo de la Nación ha sido parte de la agenda de Washington desde la promulgación misma de la Constitución en 1917.
Ahora bien, el interés de Washington y del BM sobre las reservas de hidrocarburos y la industria petrolera del hemisferio occidental se ha intensificado en los últimos años. Con la redefinición de las riquezas de Hidrocarburos del mundo, y por lo tanto con las reservas del país ( México, se entiende) como particularmente estratégicas para EUA en el propio hemisferio, se promovió un conjunto de instrumentos para su control y usufructo por las corporaciones multinacionales del ramo, que incluye un programa dirigido a impulsar la privatización y desnacionalización del sector en el marco de acuerdos comerciales y de inversión para la integración energética.
Por estas razones empresariales y geoestratégicas, PEMEX se ha posicionado como objetivo central del BM con la excusa de “eficientar” el sector.
Aunque el BM logro por espacio de diez años avances en la privatización de facto de las actividades de PEMEX y la dirección de la empresa, lo cierto es que no han triunfado en su meta de eventual desmantelamiento, privatización y desnacionalización, en particular de los sectores más rentables como la petroquímica.
La intención de EUA para revertir la nacionalización petrolera se ha expresado por medio del impulso que le da al BM a partir de dos etapas privatizadoras. La estrategia del BM, que se centra en cinco medidas, concebidas en sus “México Strategy Papers” como verdadera hoja de tuta para el gobierno mexicano es:
1-permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero
2- permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en petroquímica
3- dividir a PEMEX en empresas separadas y en competencia (proceso de “diversiture”)
4- permitir la competencia interna e internacional frente a PEMEX
5- privatizar PEMEX. (Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
Los tres argumentos esgrimidos por el BM para justificar tal plan han sido:
1- Que PEMEX no invierte suficiente, ya sea en exploración o en desarrollo
2- Que desmembrar a la paraestatal en empresas separadas, permitirá la competencia interna/externa y en consecuencia PEMEX sería mas eficiente y
3- Que privatizándola totalmente le permitiría a México pagar toda la deuda externa e interna. (Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
Los tres argumentos son falaces, primero porque el gobierno mexicano grava a Pemex con impuestos altísimos, casi la totalidad de las ganancias, impuestos que son dedicados al servicio de la deuda casi en su totalidad y lo que queda de poco dinero para el mantenimiento de la gran infraestructura.
Segundo, porque la “diversiture” abogada por el BM va totalmente a contracorriente de las operaciones actuales de las grandes corporaciones petroleras, que se están uniendo y ampliando su campo de acción/influencia funcional y geográfica. La diversiture de PEMEX , afirman los estudiosos del tema, más bien se orientó a crear empresas pequeñas, ineficientes, vulnerables, fácilmente digeribles por las corporaciones multinacionales estadounidenses.
Sobre el tercer argumento, hay que recordar que si PEMEX fuese privatizada (digamos en unos 150 de mmdd) la inversión vendría necesariamente de inversionistas extranjeros, no mexicanos, que lo harían con un mínimo de expectativas de ganancia de 20%. Tal privatización sería devastadora para el país, ya que los ingresos de PEMEX y sus pagos al fisco son la fuente principal de financiamiento del presupuesto federal y la más importante fuente de divisas “no condicionadas” del país.
De hacerse tal privatización, una crisis totalizante (política, económica, social) de tipo argentino sería lo que se avecinaría, y que no afectaría, desde luego, a los receptores locales de la propina dada por los beneficiarios de este “remate del patrimonio nacional”, pues estarían al margen de los brutales costos. Debido a los enormes ajustes fiscales necesarios para mantener el nivel de ingresos fiscales, en pocos años, estaríamos endeudados más arriba que el cuello, pero ya sin el petróleo.
En lo relativo al primer punto del Plan del Banco Mundial, los “contratos de riesgo”, los lineamientos son nítidos: la paraestatal debe “otorgar contratos competitivos para exploración y desarrollo de cada campo petrolero”. Para Pemex, estos contratos comprometerán a la firma a pagar las mismas ganancias e impuestos que las firmas privadas.
El gobierno de Vicente Fox procedió a la ejecución de esos lineamientos a pie juntillas, por medio del proyecto de Contratos de Servicios Múltiples. .
Este tipo de contratos han acabado dando un pago que es la utilidad neta de las operaciones a las empresas privadas ( extranjeras o nacionales), en la promoción de la integración de grandes monopolios, y en la apertura del sector energético, tras un inicio de las operaciones en PEMEX Exploración y perforación ( una de las subunidades tras la diversiture).
En palabras de Rosario Tapia:
“se le esta entregando al contratista la propiedad o concesión de un espacio territorial para que haga todo el trabajo hasta la extracción y construcción de plantas de tratamiento (…) se está realizando una entrega importante de recursos. Regresamos a los contratos de riesgo que hace un siglo provocaron la expropiación petrolera, con la diferencia de que estos son contratos de riesgo sin riesgo, pues van sobre yacimientos perfectamente ubicados”[3]
En el segundo punto, en lo que atañe la Petroquímica básica, su desregulación se efectuó según las indicaciones externas. Esto tuvo como meta principal la participación de la iniciativa privada (incluyendo la extranjera) en ese sector, constitucionalmente reservado al Estado (artículo 27).
Tanto para el BM como para la industria del petróleo de EUA PEMEX, es considerado un serio impedimento estratégico, político, y comercial. En los documentos del BM es concebido así, como un obstáculo para el desarrollo de la industria petroquímica; el gobierno mexicano debía afrontar y resolver rápidamente el problema de la posición dominante de la paraestatal en el sector.
Esto se hizo por medio de una estrategia de limitación del derecho exclusivo de la empresa estatal para producir un numero máximo de petroquímicos básicos. Los restantes se reclasifican como “secundarios”, abiertos a la participaron del sector privado. Dicha reclasificación ahora incluye hasta los petrolíferos, y tras el desfinanciamiento crónico al que esta sometido el sector, el esquema de privatización de la petroquímica se ha acelerado muchísimo, llegando a estar en lo que el BM llama a “punto de venta” (Campos Vega, 2001 y Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
Sobra decir que con la enajenación de la petroquímica, el país perdería el control y usufructo del sector petrolero más redituable en términos de agregar valor a ese recurso natural.
Respecto al tercer punto, la reorganización administrativa de PEMEX, la meta es la eventual disolución de la paraestatal, vía un proceso de diversiture como si se tratase de un monopolio ilegal (violando la constitución, que desde 1938 establece que el control nacional de la industria petrolera exclusivamente en manos de PEMEX).
El gobierno de salinas aplico una reorganización de PEMEX convirtiéndola en cuatro organismos descentralizados: 1) PEMEX- Exploración y Producción; 2) PEMEX- Refinación; 3) PEMEX Gas y Petroquímica Básica, y 4) PEMEX- Petroquímica, con un ente coordinador (holding) “PEMEX Corporativo”, mismo que según las medidas del BM, deberá eventualmente cancelarse, mientras se aplican medidas para profundizar el diversiture en cada una de las cuatro entidades.
Con esta meta, la de la desaparición de PEMEX, el BM propone el establecimiento de un aparato institucional homologado al existente en EUA en relación con su sector de hidrocarburos (y sometido a la industria del petróleo del país), una especie de “Agencia” a la americana.
También durante el sexenio de Salinas, el BM impulsó, por medio de préstamos, un programa de “modernización administrativa”, uno de cuyos principales componentes fue la “flexibilización” del Contrato Colectivo de Trabajo del SNTPRM (Sindicato nacional de Trabajadores del Petróleo…) y un programa de despido masivo de personal. Dicho recorte no llevo a una mayor eficiencia organizativa, funcional o productiva, sino que fue una preparación de la empresa por parte del BM para que las Corporaciones Multinacionales petroleras se hicieran cargo de las áreas afectadas por el adelgazamiento de personal. De esta forma se concesionaron a empresas privadas internacionales los trabajos de exploración, perforación, etc.
En una contradicción con la propia retórica del BM, estas medidas no llevaron a la eficientización del sector, a una contracción proporcional de las unidades departamentales, a una reducción correlativa de plazas y personal de confianza, y del gasto de mano de obra, sólo se “logró” rebajar la producción de barriles por año.
Otro de los principales objetivos del BM ha sido estimular la explotación de los pozos con el fin de incrementar las exportaciones de crudo hacia EUA, limitando al mismo tiempo la capacidad de refinación, de cara a la sobrecapacidad instalada en el Norte. Esta sobre explotación que ha ocasionado daños irreversibles a los pozos, para el BM no existe, y en clara contradicción al consejo técnico (y en consonancia con el interés de acrecentar las exportaciones mexicanas y promover los contratos de riesgo), planteó al gobierno de Zedillo que la supuesta subexplotación fuera cambiada radicalmente (Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
Con el gobierno de Fox (y de Muños Leos en PEMEX), se aumentó la explotación de crudo y de exportación, dando lugar a la así llamada por lo propios trabajadores “silenciosa privatización de PEMEX”: Cada mes se despiden a más trabajadores de confianza y sindicalizados, los contratos de explotación, perforación, etc se otorgan a compañías extranjeras que reciben todas las facilidades para hacer su trabajo y no logran resultados; los puestos ejecutivos son ocupados por personas provenientes del sector privado y las grandes multinacionales del sector. Trabajadores que cobran sueldos exorbitantes y consultores cuya función es promover, precisamente, la privatización y eventual desintegración de la misma empresa.
Como concluyen los profesores de la UNAM en el trabajo en el que se base este apartado, la correlación de fuerzas dentro del gobierno federal y de grandes empresas públicas se modifico en favor de los privatizadores, por medio de los Public Enterprise Reform Loans del BM, que “flexibilizan” dichas empresas, y en el caso de PEMEX, la preparan para su posterior desmembramiento.
Ese desmembramiento administrativo de las empresas públicas estratégicas (PEMEX, ferrocarriles Nacionales y la CFE) es promovido por el Banco Mundial como paso previo a su privatización y extranjerización. Las consecuencias de la entrega de los sectores estratégicos sobre la integridad territorial de la federación que impulsa el roadmap del BM, podrían ser de largo alcance, para la vulnerabilidad que se genera al colocar complejos económicos territoriales en manos extranjeras, que en tiempos de guerra, se conviertan en blancos militares y por lo tanto, sujetos a la intervención bajo el pretexto de su “protección”.
Con una expresión concreta que el politólogo James Petras califica de “cogobierno” se califica a la relación entre el BM/FMI y los países de la periferia caracterizada por la convergencia con acuerdos subordinados. A partir del “modus operandi” de este organismo internacional se puede hacer una revisión crítica de su papel en el diseño y en la implementación de una política que induce a la desnacionalización de los activos estratégicos de México y a las consecuentes secuelas sociopolíticas y estratégico militares.
Para hacerlo, debemos tener como bases estas ideas[1]:
1. Las transacciones de la economía internacional ocurren en medio de un caldo de poder en el que es central la relación y simbiosis entre el Estado Central Capitalista (ECC, en este caso, Estados Unidos) y sus instrumentos de proyección hegemónica como el FMI y el Banco Mundial.
2. El ECC regula y protege a sus Corporaciones Multinacionales y, las subsidia de diversas maneras.
3. Las políticas (utilizando la formidable arma del Estado-nación) son las que definen el sentido y el comportamiento de los mercados.
4. El FMI y el BM fueron diseñados de forma tal que Washington pudiera dominar sus políticas e impulsar programas favorables a su aparato empresarial por la vía de sus mecanismos de votación y sus requisitos de membresía. Organismos “multilaterales” que fueron concebidos fundamentalmente como parte de un esquema mayor de la “Pax Americana”, para ejercer formas específicas de “bilateralismo selectivo”
La revisión de las operaciones del BM en México muestran la forma concreta en que han operado los principios imperialistas antes citados en nuestro país, especialmente a partir de los 80-90’s. Ahora ya en el siglo XXI, con el peligro añadido de la intención de proyectar las concesiones formalizadas en el TLCAN a través del ALCA al resto del continente.
En la acción del Banco Mundial respecto a la política económica de México se pueden distinguir dos periodos:
-Desde el lanzamiento del BM hasta mediados de los 70, y principios 80, con la retórica del esquema de desarrollo industrial por “sustitución de importaciones”.
-El segundo es el de la época neoliberal, el régimen económico implantado en los Estados capitalistas periféricos que, conocido como “Consenso de Washington”, en realidad se instaló a través de un régimen acreedor a ultranza como resultado de la negociación de la deuda derivada de la crisis de 1982.
En ambos periodos, las características económico- financieras de los proyectos respaldados con recursos del Banco Mundial indican un esfuerzo sistemático en la promoción del interés privado de los Estados del centro, especialmente de Estados Unidos.
Como sucede en la mayoría de los préstamos pre-privatización del BM, se les utiliza para modernizar los activos estratégicos intencionalmente bajo el principio de la privatización (y extranjerización) de ganancias, y la socialización (y nacionalización) de costos. El caso más paradigmático es el Préstamo 1205- ME, ejecutado por Banxico (Banco de México) como explican Saxe- Fernández y Delgado- Ramos.
El BM jugó un papel central en este esquema sui generis de sustitución de importaciones que prevaleció durante el periodo; papel sólo posible gracias a un Estado y una clase política que lo avala.
En el periodo que compete a este trabajo, el de la aplicación del modelo neoliberal:
“la instauración de un régimen dominado de manera abrumadora por los acreedores internacionales como resultado de las negociaciones de la crisis deudora de 1982, se ha expresado en un ataque frontal contra los pivotes del todavía frágil nacionalismo económico mexicano y en particular (…) en una sistemática e intensa campaña para inducir el traspaso a la iniciativa privada “nacional o extranjera”, del acceso, gestión y usufructo de activos estratégicos nacionales” (Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
La acción del periodo neoliberal, igualmente realizada por medio de empréstitos, se dirigió a la toma de los instrumentos de mando del Estado, colocando a los acreedores extranjeros como una especie de “co-gobierno” con creciente injerencia en campos domésticos que van desde la política comercial y de exportaciones a la minería, la biodiversidad, la “reestructuración” del sector energético, etc. En cada uno de estos rubros participó el Banco Mundial con préstamos, pero también con sus respectivas comisiones de evaluación, de control y de vigilancia.
Este proceso se trata de una extranjerización del proceso de toma de decisiones con profundas implicaciones negativas de orden económico, sociopolítico, constitucional, de soberanía y seguridad nacionales.
Para verlo con más claridad, hay que analizar la “condicionalidad cruzada, fundamental para medir los alcances de este cogobierno. Pues, como apuntan los mismos autores ha ocurrido:
“Un doble proceso de sinergias que ha sido un verdadero Caballo de Troya indispensable para implantar y entonces formalizar el NAFTA y ahora el ALCA: el cruce y fertilización recíproca entre la condicionalidad del FMI sobre los lineamientos macroeconómicos por un lado, y la condicionalidad del Grupo Banco Mundial aplicada a los diversos sectores o ramas de la economía por el otro” (Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
Un ejemplo de esto es la apertura comercial en el marco neoliberal llevada a cabo en las Presidencias de De la Madrid y Salinas de Gortari (con sus profundos impactos económicos y sociales), que se realizó dentro del “caldo de poder” generado por relaciones clientelares abiertamente “engrasadas” por medio de los préstamos del Banco Mundial, dirigidos al estímulo de las fracciones dentro de la estructura gubernamental favorable a la adopción de la agenda económica de los acreedores.
Préstamos que fueron hechos para la política comercial, hechos a “trenches”, por fases, en donde la entrega de la siguiente “trench” está condicionada por los resultado favorables que se obtengan (siempre según la consideración del BM) y que estaban destinados a impactar sobre la correlación de fuerzas y la dinámica interna del gobierno de De la Madrid, y que efectivamente sentaron las bases económico-políticas para recrudecer la relación entre dos economías profundamente desiguales, por la vía de un aperturismo comercial sin reciprocidad. Como muestra, si se comparaba el PIB entre los dos países, el estadounidense era 17 veces el mexicano. Si vamos a la riqueza acumulada, la de EUA está entre las 250 y 300 veces por encima de la de México).
Una asimetría de este orden de magnitud hacía inaceptables entablar negociaciones para un TLCAN, pero al impulso aperturista que se consolidó durante el sexenio de De la Madrid con los TPL (Trade Politic Loans) se agregaron a las vulnerabilidades de la cúpula política del salinismo, incluido el mismo padre del Presidente y su familia[2], por su involucramiento en operaciones de narcotráfico. Esta fue una oportunidad que no dudo en aprovechar el Presidente de los Estados Unidos, George Bush (senior). Podríamos preguntarnos entonces si literalmente la apertura de las negociaciones del TLCAN se produjo a cambio de una “narcoamnistía” que fue lo que hizo cambiar de postura al presidente Salinas.
Por medio de estas maniobras se formalizaron las abismales asimetrías, en las que el papel del Banco Mundial tuvo un claro elemento “preparador”.
Lo alarmante es que la intervención e incidencia del BM en México se amplió hasta incluir sectores estratégicos tradicional y constitucionalmente reservados al Estado.
Su presencia, por medio del poder que se deriva de la condicionalidad y la sinergia de sus préstamos fue determinante en la privatización de los ferrocarriles de México y en los esquemas de privatización de facto del sector petrolero, específicamente de la petroquímica. Su presencia a su vez es enorme en el manejo de los espacios geográfico- territoriales, fundamento de saqueo de recursos como lo son el agua y la biodiversidad, pero también del conocimiento del y fuerza de trabajo de la población ahí contenida, todo en favor de las corporaciones multinacionales de los Estados capitalistas centrales (principalmente Estados Unidos) cuyos intereses el BM promueve y subvenciona, como demuestran las investigaciones de Saxe- Fernández y Delgado- Ramos.
Si analizamos la intervención del Banco Mundial en países como México, se le ve fungiendo como un verdadero partido político de EUA, que opera interna y externamente sobre el gobierno mexicano para influir en el proceso de toma de decisiones e incidir en su correlato de fuerzas: un auténtico “cogobierno”.
Sin embargo, el cogobierno del GRUPO BM es asunto que permanece en gran medida fuera de la conciencia y de la discusión de la opinión pública nacional. Una población que difícilmente avalaría este esquema de corte imperial, un imperialismo cuya fuerza reside precisamente en su falta de detección y localización.
En esto han tenido relevancia la figura de los “country managers” que el BM ha venido formando y operando y que no solo actúan, sino que también velan por los intereses empresariales y geoestratégicos del Norte.
Aunque las consecuencias expoliadoras y desnacionalizadotas del BM y sus country managers no se han limitado a un ámbito en particular; son totalizadoras. Veamos con más detenimiento un caso específico e importante, el de los hidrocarburos.
El petróleo
Ciertamente, la meta de privatizar y extranjerizar a la industria petrolera mexicana junto con la eliminación del concepto constitucional del dominio directo de la Nación ha sido parte de la agenda de Washington desde la promulgación misma de la Constitución en 1917.
Ahora bien, el interés de Washington y del BM sobre las reservas de hidrocarburos y la industria petrolera del hemisferio occidental se ha intensificado en los últimos años. Con la redefinición de las riquezas de Hidrocarburos del mundo, y por lo tanto con las reservas del país ( México, se entiende) como particularmente estratégicas para EUA en el propio hemisferio, se promovió un conjunto de instrumentos para su control y usufructo por las corporaciones multinacionales del ramo, que incluye un programa dirigido a impulsar la privatización y desnacionalización del sector en el marco de acuerdos comerciales y de inversión para la integración energética.
Por estas razones empresariales y geoestratégicas, PEMEX se ha posicionado como objetivo central del BM con la excusa de “eficientar” el sector.
Aunque el BM logro por espacio de diez años avances en la privatización de facto de las actividades de PEMEX y la dirección de la empresa, lo cierto es que no han triunfado en su meta de eventual desmantelamiento, privatización y desnacionalización, en particular de los sectores más rentables como la petroquímica.
La intención de EUA para revertir la nacionalización petrolera se ha expresado por medio del impulso que le da al BM a partir de dos etapas privatizadoras. La estrategia del BM, que se centra en cinco medidas, concebidas en sus “México Strategy Papers” como verdadera hoja de tuta para el gobierno mexicano es:
1-permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero
2- permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en petroquímica
3- dividir a PEMEX en empresas separadas y en competencia (proceso de “diversiture”)
4- permitir la competencia interna e internacional frente a PEMEX
5- privatizar PEMEX. (Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
Los tres argumentos esgrimidos por el BM para justificar tal plan han sido:
1- Que PEMEX no invierte suficiente, ya sea en exploración o en desarrollo
2- Que desmembrar a la paraestatal en empresas separadas, permitirá la competencia interna/externa y en consecuencia PEMEX sería mas eficiente y
3- Que privatizándola totalmente le permitiría a México pagar toda la deuda externa e interna. (Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
Los tres argumentos son falaces, primero porque el gobierno mexicano grava a Pemex con impuestos altísimos, casi la totalidad de las ganancias, impuestos que son dedicados al servicio de la deuda casi en su totalidad y lo que queda de poco dinero para el mantenimiento de la gran infraestructura.
Segundo, porque la “diversiture” abogada por el BM va totalmente a contracorriente de las operaciones actuales de las grandes corporaciones petroleras, que se están uniendo y ampliando su campo de acción/influencia funcional y geográfica. La diversiture de PEMEX , afirman los estudiosos del tema, más bien se orientó a crear empresas pequeñas, ineficientes, vulnerables, fácilmente digeribles por las corporaciones multinacionales estadounidenses.
Sobre el tercer argumento, hay que recordar que si PEMEX fuese privatizada (digamos en unos 150 de mmdd) la inversión vendría necesariamente de inversionistas extranjeros, no mexicanos, que lo harían con un mínimo de expectativas de ganancia de 20%. Tal privatización sería devastadora para el país, ya que los ingresos de PEMEX y sus pagos al fisco son la fuente principal de financiamiento del presupuesto federal y la más importante fuente de divisas “no condicionadas” del país.
De hacerse tal privatización, una crisis totalizante (política, económica, social) de tipo argentino sería lo que se avecinaría, y que no afectaría, desde luego, a los receptores locales de la propina dada por los beneficiarios de este “remate del patrimonio nacional”, pues estarían al margen de los brutales costos. Debido a los enormes ajustes fiscales necesarios para mantener el nivel de ingresos fiscales, en pocos años, estaríamos endeudados más arriba que el cuello, pero ya sin el petróleo.
En lo relativo al primer punto del Plan del Banco Mundial, los “contratos de riesgo”, los lineamientos son nítidos: la paraestatal debe “otorgar contratos competitivos para exploración y desarrollo de cada campo petrolero”. Para Pemex, estos contratos comprometerán a la firma a pagar las mismas ganancias e impuestos que las firmas privadas.
El gobierno de Vicente Fox procedió a la ejecución de esos lineamientos a pie juntillas, por medio del proyecto de Contratos de Servicios Múltiples. .
Este tipo de contratos han acabado dando un pago que es la utilidad neta de las operaciones a las empresas privadas ( extranjeras o nacionales), en la promoción de la integración de grandes monopolios, y en la apertura del sector energético, tras un inicio de las operaciones en PEMEX Exploración y perforación ( una de las subunidades tras la diversiture).
En palabras de Rosario Tapia:
“se le esta entregando al contratista la propiedad o concesión de un espacio territorial para que haga todo el trabajo hasta la extracción y construcción de plantas de tratamiento (…) se está realizando una entrega importante de recursos. Regresamos a los contratos de riesgo que hace un siglo provocaron la expropiación petrolera, con la diferencia de que estos son contratos de riesgo sin riesgo, pues van sobre yacimientos perfectamente ubicados”[3]
En el segundo punto, en lo que atañe la Petroquímica básica, su desregulación se efectuó según las indicaciones externas. Esto tuvo como meta principal la participación de la iniciativa privada (incluyendo la extranjera) en ese sector, constitucionalmente reservado al Estado (artículo 27).
Tanto para el BM como para la industria del petróleo de EUA PEMEX, es considerado un serio impedimento estratégico, político, y comercial. En los documentos del BM es concebido así, como un obstáculo para el desarrollo de la industria petroquímica; el gobierno mexicano debía afrontar y resolver rápidamente el problema de la posición dominante de la paraestatal en el sector.
Esto se hizo por medio de una estrategia de limitación del derecho exclusivo de la empresa estatal para producir un numero máximo de petroquímicos básicos. Los restantes se reclasifican como “secundarios”, abiertos a la participaron del sector privado. Dicha reclasificación ahora incluye hasta los petrolíferos, y tras el desfinanciamiento crónico al que esta sometido el sector, el esquema de privatización de la petroquímica se ha acelerado muchísimo, llegando a estar en lo que el BM llama a “punto de venta” (Campos Vega, 2001 y Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
Sobra decir que con la enajenación de la petroquímica, el país perdería el control y usufructo del sector petrolero más redituable en términos de agregar valor a ese recurso natural.
Respecto al tercer punto, la reorganización administrativa de PEMEX, la meta es la eventual disolución de la paraestatal, vía un proceso de diversiture como si se tratase de un monopolio ilegal (violando la constitución, que desde 1938 establece que el control nacional de la industria petrolera exclusivamente en manos de PEMEX).
El gobierno de salinas aplico una reorganización de PEMEX convirtiéndola en cuatro organismos descentralizados: 1) PEMEX- Exploración y Producción; 2) PEMEX- Refinación; 3) PEMEX Gas y Petroquímica Básica, y 4) PEMEX- Petroquímica, con un ente coordinador (holding) “PEMEX Corporativo”, mismo que según las medidas del BM, deberá eventualmente cancelarse, mientras se aplican medidas para profundizar el diversiture en cada una de las cuatro entidades.
Con esta meta, la de la desaparición de PEMEX, el BM propone el establecimiento de un aparato institucional homologado al existente en EUA en relación con su sector de hidrocarburos (y sometido a la industria del petróleo del país), una especie de “Agencia” a la americana.
También durante el sexenio de Salinas, el BM impulsó, por medio de préstamos, un programa de “modernización administrativa”, uno de cuyos principales componentes fue la “flexibilización” del Contrato Colectivo de Trabajo del SNTPRM (Sindicato nacional de Trabajadores del Petróleo…) y un programa de despido masivo de personal. Dicho recorte no llevo a una mayor eficiencia organizativa, funcional o productiva, sino que fue una preparación de la empresa por parte del BM para que las Corporaciones Multinacionales petroleras se hicieran cargo de las áreas afectadas por el adelgazamiento de personal. De esta forma se concesionaron a empresas privadas internacionales los trabajos de exploración, perforación, etc.
En una contradicción con la propia retórica del BM, estas medidas no llevaron a la eficientización del sector, a una contracción proporcional de las unidades departamentales, a una reducción correlativa de plazas y personal de confianza, y del gasto de mano de obra, sólo se “logró” rebajar la producción de barriles por año.
Otro de los principales objetivos del BM ha sido estimular la explotación de los pozos con el fin de incrementar las exportaciones de crudo hacia EUA, limitando al mismo tiempo la capacidad de refinación, de cara a la sobrecapacidad instalada en el Norte. Esta sobre explotación que ha ocasionado daños irreversibles a los pozos, para el BM no existe, y en clara contradicción al consejo técnico (y en consonancia con el interés de acrecentar las exportaciones mexicanas y promover los contratos de riesgo), planteó al gobierno de Zedillo que la supuesta subexplotación fuera cambiada radicalmente (Saxe-Fernández y Delgado- Ramos, 2003).
Con el gobierno de Fox (y de Muños Leos en PEMEX), se aumentó la explotación de crudo y de exportación, dando lugar a la así llamada por lo propios trabajadores “silenciosa privatización de PEMEX”: Cada mes se despiden a más trabajadores de confianza y sindicalizados, los contratos de explotación, perforación, etc se otorgan a compañías extranjeras que reciben todas las facilidades para hacer su trabajo y no logran resultados; los puestos ejecutivos son ocupados por personas provenientes del sector privado y las grandes multinacionales del sector. Trabajadores que cobran sueldos exorbitantes y consultores cuya función es promover, precisamente, la privatización y eventual desintegración de la misma empresa.
Como concluyen los profesores de la UNAM en el trabajo en el que se base este apartado, la correlación de fuerzas dentro del gobierno federal y de grandes empresas públicas se modifico en favor de los privatizadores, por medio de los Public Enterprise Reform Loans del BM, que “flexibilizan” dichas empresas, y en el caso de PEMEX, la preparan para su posterior desmembramiento.
Ese desmembramiento administrativo de las empresas públicas estratégicas (PEMEX, ferrocarriles Nacionales y la CFE) es promovido por el Banco Mundial como paso previo a su privatización y extranjerización. Las consecuencias de la entrega de los sectores estratégicos sobre la integridad territorial de la federación que impulsa el roadmap del BM, podrían ser de largo alcance, para la vulnerabilidad que se genera al colocar complejos económicos territoriales en manos extranjeras, que en tiempos de guerra, se conviertan en blancos militares y por lo tanto, sujetos a la intervención bajo el pretexto de su “protección”.
[1] Tomadas de Saxe-Fernández, John, y Delgado- Ramos, Gian Carlo, 2003, México: "Banco Mundial y desnacionalización integral en México".
[2] Me refiero a la detención del padre de Carlos Salinas de Gortari en relación con el narcotráfico.
[3] Diputada Nacional por el Partido de la Revolución Democrática, PRD.
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